Al menos saldremos más sabios que entramos

Al menos saldremos más sabios que entramos

Esta pandemia, según parece, nos va a convertir a todo en expertos epidemiólogos. Visto que es más que improbable que averigüemos la identidad de quienes conforman los grupos de “expertos” oficiales, los de verdad, qué menos que apuntarnos a analizar, sacar conclusiones y hasta recomendar lo que ha de hacerse. Todos expertos en virus. Servidor, confieso, el primero en estudiar datos, números, estadísticas y mapas de colores para ver por dónde avanzar sin retroceder. De todo se aprende, amigo.

Pero me permitiré contarles algo de lo que, esto sí, sé un poco, que se ve y se últimamente a mucho jurista de nuevo cuño escandalizándose, por ejemplo, por la supuesta inconstitucionalidad del estado de alarma, y, por otro lado, a ciertos leguleyos con título oficial, aunque algo despistadillos sobre la cuestión, dicho sea con todos los respetos, compañeros. 

Partamos de un principio básico: el estado de alarma no es inconstitucional, como ha llegado a decirse (a mí me lo han dicho así, de sopetón). No lo es, no señor. De hecho, es de lo más constitucional que hay desde el momento en que está previsto como un estado de los llamados “excepcionales” del art. 116 CE, que regula el estado de alarma (en el que estamos), junto a los de excepción y sitio (en los que no estamos). La propia Constitución establece en su art. 55.1 los derechos constitucionales que pueden ser suspendidos solo en los estados de excepción y sitio, pero no en el de alarma. ¿Por qué? Pues muy sencillo: en el de alarma no puede suspenderse absolutamente ningún derecho constitucional. Así es y así lo ha dicho repetidamente el Tribunal Constitucional.

De hecho, tal es la convicción de que el estado de alarma es “otra cosa” diferente a los de excepción y sitio, que sí contemplan suspensión de derechos constitucionales, que, en el momento de la redacción y aprobación de la propia Constitución, partidos tan antagónicos como AP y PCE presentaron enmiendas para sacar el estado de alarma de la regulación de estos supuestos de medidas que aplicar a situaciones de “anormalidad” social provocada por circunstancias extraordinarias concurrentes. UCD y PSOE decidieron, sin embargo, y con su mayoría de 1977, mantenerlo en este ámbito, junto a los estados de excepción y sitio, pese a quedar bien claro que con un estado de alarma no se suspenden derechos. Y de ahí a su desarrollo legal en 1981, mediante ley orgánica, porque así lo establece el propio art. 116 CE.

¿Qué diferencia los estados de alarma de los de excepción y sitio? Básicamente, se traya de causas diferentes: en el caso del estado de alarma, por catástrofes y calamidades, como es el caso de una crisis sanitaria como la pandemia actual; en el caso del estado de excepción, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados; en el caso del estado de sitio, fundamentalmente, cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse con otros medios. Pero también se diferencian, como dije antes, en que en el estado de alarma no se suspenden derechos, y sí puede hacerse así en los de excepción y sitio. Sin embargo, el art. 116 CE dice literalmente que “una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”. Por tanto, sí se mencionan “limitaciones” correspondientes al estado de alarma, que no suspensiones, porque el art. 55 CE, que señala los derechos que pueden “suspenderse”, solo los menciona con relación a los estados de excepción y de sitio, pero no al de alarma. Y ese es el quid de la cuestión con el que han de faenar los tribunales, tanto de la jurisdicción ordinaria si se impugnan actos concretos de la Administración amparados en las respectivas declaraciones de esos estados excepcionales, como, en su caso, el Tribunal Constitucional, si lo que se impugnara fuera la propia declaración del estado excepcional correspondiente o su contenido limitador o suspensivo de derechos, ya que este contenido es parte indisoluble de esa declaración.

Pero hablemos de “limitaciones” en el estado de alarma… ¿Qué limitaciones pueden imponerse? Como ya hemos dicho, y el TC ha señalado, ninguna que suponga una efectiva suspensión de un derecho constitucional. Pero también dice el TC que ningún derecho, ni siquiera un derecho fundamental, es ilimitado y absoluto. En el caso de la crisis por el Covid19, de hecho, es obvio que se han limitado los derechos de circulación y residencia (art. 19 CE) o de reunión (art. 21 CE). Y respecto de este último han sido curiosas las reacciones del mundo judicial más recientes, hace muy poco, además, ante la comunicación de su ejercicio (solo comunicación, dado que el derecho de reunión -y manifestación, por extensión- es un derecho de ejercicio directo e inmediato, sin necesidad de autorización alguna, que no requiere de más configuración o desarrollo legal). Veamos qué pasó con sendas manifestaciones previstas el pasado 1 de mayo…

En Vigo no se pudo celebrar una manifestación convocada por la Centra Unitaria de Treballadores -CUT- previamente declarada como no excepcionada de “la limitación general para circular” (en la práctica: desautorizada) por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, confirmada esa resolución por el TSJ de Galicia en sentencia de 28 de abril, y finalmente inadmitido recurso de amparo por el TC mediante auto de 30 de abril. ¿La razón? Los magistrados mantuvieron que el estado de alarma no suspende, ni puede suspender, derechos, pero sí puede limitarlos, y en el caso del derecho de reunión y manifestación, si se da una “afectación al orden público con peligro para personas o bienes”, una vez ponderadas las circunstancias concretas y realizado un juicio de proporcionalidad entre los derechos o intereses en colisión, entendiendo aquí el TC que presentan un interés superior el derecho a la integridad física (art. 15 CE) o a la protección de la salud (art. 43 CE) que el derecho de reunión. Entendía el TC que el TSJ de Galicia acertaba al considerar que, en ese caso, una manifestación de motocicletas y coches con un solo ocupante por determinadas calles de Vigo suponía un riesgo evidente para unos derechos de interés superior.

En Zaragoza, sin embargo, la manifestación del 1 de mayo convocada por la Intersindical Aragonesa, igualmente con motocicletas y coches con un solo ocupante por determinadas calles de la capital maña, fue autorizada por el TSJ de Aragón tras la primera negativa de la Subdelegación del Gobierno, como en el caso gallego. Aquí, los magistrados (aun con un voto particular discrepante, y no con el fondo, sino con la negativa a elevar cuestión de constitucionalidad al TC para poder luego decidir) utilizaron en una sentencia del 30 de abril prácticamente los mismos argumentos que el TC en el caso anterior, pero llegando a una conclusión diametralmente opuesta. O quizá no tanto… Lo que el TSJ de Aragón empieza diciendo es que, efectivamente, como señalaba el TC, los derechos no pueden suspenderse en el estado de alarma, pero sí limitarse, por no ser absolutos ni ilimitados. Y que esa limitación deberá ser objeto, para poder aplicarse de un juicio de proporcionalidad y de la debida ponderación de las circunstancias concretas. Pero… ¿no estábamos en que eran manifestaciones prácticamente idénticas? Pues sí, y el TSJ de Aragón concluye que el derecho de reunión y manifestación en este caso debe permanecer incólume ante una decisión administrativa (la de la Subdelegación del Gobierno) que lo que hace realmente es interpretar erróneamente lo establecido en el art. 7 del RD 463/2020, del pasado 14 de marzo, que declaró el estado de alarma limitando la libre circulación. ¿Por qué? Porque el tribunal entiende que no hay datos sobre su mesa que demuestren que la limitación que se pretende por la Administración en el caso de esa manifestación de Zaragoza no sea excesiva, y que esa limitación en ese caso es demasiado intensa. Llegan a decir, aunque no literalmente, que si se permite el tráfico de vehículos normalmente para causas excepcionales, no se entiende que unos cuantos coches más en manifestación el 1 de mayo puedan generar un riesgo mayor.

En conclusión: ¿es inconstitucional el estado de alarma en sí mismo? Pues todo parece indicar que no, ni siquiera la limitación de movimientos impuesta a los ciudadanos. Lo que sí puede ser ilegal, en su caso, son determinadas instrucciones u órdenes, actos administrativos, en suma, que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las medidas generales del estado de alarma.

Pero atención, porque lo que sí podría ser inconstitucional, y esta es una opinión personal, es el hecho de que se estén no ya suspendiendo, que no creo sinceramente que sea el caso, sino limitando derechos por una vía no permitida: mediante órdenes ministeriales. La Constitución prevé la declaración del estado de alarma mediante un decreto del Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso, algo que consta y que ha sido incluso objeto de prórroga (constitucional y legal, no lo duden: así lo tiene declarado el TC en referencia a la prórroga, por 30 días, del único anterior estado de alarma declarado, en diciembre de 2010, por la huelga de controladores aéreos). Pero el decreto tiene plena naturaleza y rango de ley, aunque no así su desarrollo mediante órdenes ministeriales, en este caso, de Sanidad, que solo deberían limitarse a cuestiones técnicas, pero nunca a generar por sí mismas limitaciones de derechos constitucionales.

El TC tiene por delante trabajo, y veremos dónde termina el examen de constitucionalidad del tema, pero parece que donde debería estar centrado el debate  jurídico es más en los actos de aplicación del estado de alarma y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, algo de lo que no tenemos muchas noticias, que en el estado de alarma mismo. Quizá el disparo por elevación sea solo una excusa si no puede asegurarse diana. En todo caso, el horizonte jurídico promete noticias. Así es que aproveche y empiece a lanzar sus teorías, pero procure no parecer demasiado conspiranoide, jurista o no.

 

Juan Ignacio López-Bas Valero es abogado, ex concejal y ex diputado en el Congreso. 

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