CARTA ABIERTA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

CARTA ABIERTA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Doña Soledad Becerril Bustamante:

En nuestro país estamos demostrando un escaso interés por los asesinatos y violencia machista que sufren sus mujeres, limitándonos cada 25 de Noviembre a recordar a las asesinadas, sobre las que nos ocupamos de llenar listas sin fin con sus nombres y apellidos, y manejar ficheros sobre su nacionalidad, edad, nivel económico, estudios y ocupación. Estamos ante un genocidio y los nombres de los asesinos,  su nacionalidad, edad, nivel económico, estudios y ocupación, incomprensiblemente, los desconocemos, no están a nuestro alcance. Parece que los ocultamos. Sólo desde 1999 hemos enterrado a casi 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas, además de un número desconocido niños y niñas. El terrorismo que hemos conocido necesitó cuarenta años para asesinar a menos personas, sería porque los recursos destinados a erradicarlo eran astronómicos, contra los casi nulos ya para Violencia de Género.  

Necesitamos y pedimos hacer de una vez el mejor homenaje a las víctimas y el mejor ejercicio de prevención posible. Por necesidad, le pedimos interceda para que nuestro Gobierno nos permita conocer a los maltratadores incorporando en un fichero oficial y público sus nombres y apellidos. El maltratador ha de verse, sentirse señalado, visible y reconocerse, porque todavía no le hemos puesto delante el espejo donde reconocerse como tal. Su anonimato es su lugar confortable y un riesgo latente para las nuevas generaciones que ya están dando síntomas y cifras crecientes de machismo y de violencia de género: lo que no se rechaza abiertamente se fomenta.

El poder económico y financiero protege sus intereses desde hace décadas consultando los útiles e infalibles ficheros de personas morosas y sus deudas para estar alerta y evitar relacionarse con ellas. Así mismo, el conocimiento de los agresores es un derecho sobre el que el Tribunal Supremo ya en el año 2004 sentaba precedente afirmando que el maltrato “es un hecho de relevancia general del que la opinión pública merecía estar informada....al tratarse de información concerniente a procesos judiciales penales”, un interés público que “deriva del interés de la sociedad en conocer y evitar hechos como los sucedidos, dados los numerosos casos de malos tratos en el ámbito familiar”.

Rita Mañús Rayos, presidenta de la Asociación Mujeres para la Libertad y la Vida.

 

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