COVID19: Ayuntamientos que requieren cobertura legal y seguridad jurídica

COVID19: Ayuntamientos que requieren cobertura legal y seguridad jurídica

Si recuerdan los primeros días de este interminable estado de alarma, y ante la incertidumbre por la situación económica que se nos presenta, fueron los ayuntamientos de toda España los primeros en ofrecerse a sus ciudadanos básicamente con dos iniciativas: bajada de tributos locales y ayudas directas. Poco duró esta oferta dual, porque pronto se dieron cuenta alcaldes que prometían cosas que no podían hacer en el caso de los tributos, mientras que en el caso de las ayudas aún está por ver el alcance de los compromisos.

En materia de tributación local, los ayuntamientos debieran haber recordado que hace solo unos meses, con el decreto de medidas urgentes por temporales y otras catástrofes naturales de septiembre pasado, tras la DANA sufrida especialmente en el sureste español, descubrieron que los beneficios en tributos locales, en todos ellos, solo pueden establecerse si previamente están previstos en norma de rango legal (art. 9 Ley Reguladora de las Haciendas Locales -LRHL-). Aquel decreto, por ello, estableció esos beneficios, aunque escasos, para que pudieran ser aplicados en 2019 y 2020 por los ayuntamientos y por los daños de las inundaciones y otras catástrofes acaecidas desde el 1 de abril de 2019, pero no por voluntad de los consistorios, sino del Gobierno central, y con los mecanismos compensatorios correspondientes. Sin embargo, la apresurada bajada de impuestos y tasas locales no es ahora posible ante la crisis del Covid19 porque nada al respecto ha dispuesto el Gobierno, algo que se echa de menos por la magnitud de la pandemia y sus enormes consecuencias para todos los ciudadanos. Es más: sí, efectivamente, tendrá efectos el parón económico en algunas tasas municipales, que no se devengarán e, incluso, se reintegrarán, pero tampoco por la voluntad de los alcaldes y concejales, sino porque es la ley la que ya establece de siempre, con virus o sin él, que no hay tasa sin hecho imponible que se haya dejado de realizar por causas ajenas a la voluntad del sujeto pasivo (art. 26.3 LRHL).

Lo que sí harán los ayuntamientos, pero tampoco esta vez por decisión propia, sino porque ya se ha regulado así desde el Gobierno central, es demorar el pago de los tributos municipales, prorrogando su plazo de pago. Pero repito: no es una decisión municipal, sino impuesta desde Madrid. Y aparte de esto, nada más en materia de tributación municipal.

En segundo lugar, los alcaldes se han lanzado a comprometerse en la entrega de ayudas directas en dos caminos fundamentalmente: ayudas a familias y ayudas a empresas y autónomos. Ambas vías son necesarias en una situación de crisis económica como la que se avecina, si no está ya encima, pero no todo es tan simple…

Las ayudas a familias non ofrecen duda legal alguna para los ayuntamientos, e incluso ha sido el Gobierno, mediante los RDL 8/2020 de 17 de mardo y 11/2020 de 31 de marzo, el que ha liberado hasta el límite del 20% el superávit presupuestario que, en su caso, ofrezcan las cuentas de cada ayuntamiento para destinarlo a gasto de carácter social (ojo, exclusivamente política de gasto 23, según la nomenclatura de la estructura presupuestaria de las entidades locales, es decir, servicios sociales y promoción social). Desde 2013 los ayuntamientos han debido usar su superávit presupuestario en amortizar deuda, aunque igualmente cada año, desde 2013, y bajo determinadas condiciones por acreditar cumplir con la regla de gasto, el nivel de endeudamiento y el plazo de pago a proveedores, se les ha permitido destinar ese superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles. Esto ha servido en la práctica, y desde entonces, para que los ayuntamientos que han cumplido debidamente sus deberes en estos años en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera pudieran destinar sus superávits a realizar inversiones y, con ello, destinar fondos públicos remanentes a la contratación de obra y adquisición de bienes con terceros, con el consiguiente efecto positivo en el fomento del empleo en sus propios y respectivos ámbitos. Para 2020, sin embargo, la disponibilidad de ese superávit se ha limitado a gasto social y solo hasta el 20%, una vez descontado el saldo, que ha de reconocerse y pagarse de la cuenta 413 (obligaciones pendientes de aplicación presupuestaria a 31 de diciembre pasado). Es más: ese saldo solo podrá usarse, como se ha dicho, para gasto social, pero no para gasto propio de la actividad pública de fomento del empleo, dado que esta política de gasto es la 24 en aquella nomenclatura presupuestaria, y solo la política de gasto 23 es la expresa y exclusivamente autorizada, y ahí es donde radica el problema de la interpretación de en qué política de gasto se encuadran las ayudas a autónomos y PYMEs. En una palabra: hay muchas dudas, y más que dudas, de que un ayuntamiento pueda destinar su superávit presupuestario, en las condiciones establecidas a algo que es demandado hoy de manera unánime por empresarios y autónomos de sus Administraciones locales, y que no es otra cosa que aportarles liquidez a fin de poder cumplir debidamente con sus obligaciones sin tener que prescindir de sus trabajadores ante la reducción del ingresos por la escasa actividad, cuando no el cese efectivo y obligado de la misma. Esas dudas, hoy, han de resolverse por cuerpos técnicos municipales en muchas ocasiones faltos de suficiente capacidad técnica jurídica o, simplemente, que se enfrentan a las presiones de las propuestas en ese sentido de sus alcaldes igualmente forzados por la situación social apremiante de su municipio. Por ello, no parece de recibo que el Gobierno deje en manos de funcionarios municipales tener que interpretar si una ayuda económica, o un gasto en suma, es factible o no, porque ello genera inseguridad, desigualdad según qué municipios, y dependiendo no ya solo de la sensibilidad social o, incluso, valor de esos funcionarios, como de los políticos que decidan en base a sus informes, ante posibles repercusiones posteriores -la ya conocida espada sobre sus cabezas del reintegro por alcance-. Debiera ser el Gobierno, a través de sus ministerios implicados (Hacienda, por un lado, y Política Territorial y Función Pública, por otro) el que aclarara y determinara urgentemente el alcance, en este momento, de esas medidas y de su posible financiación, dejando bien claro qué y en qué se puede gastar, y qué y en qué no.

Ha de tenerse en cuenta que desde la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, de 30 de diciembre de 2013, las corporaciones locales han visto limitadas y controladas al máximo su ámbito competencial, y el art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local -LBRL- no ofrece hoy encaje para la competencia municipal del fomento del empleo. Así lo ha informado incluso la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-al señalar que “la concesión de subvenciones a entidades públicas o privadas así como la realización cualquier otra actividad y la prestación de servicios que se pretendan llevar a cabo sin que el municipio tenga competencia (ya sea propia o delegada) para ello, como por ejemplo el fomento del empleo, requerirá la tramitación del expediente referido en los apartados anteriores”, referido dicho expediente al exigido legalmente para “justificar que el ejercicio de esas competencias no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública”. En conclusión: el fomento del empleo no es una competencia municipal, y solo puede ejercitarse previa tramitación de un expediente administrativo que justifique el cumplimiento de lo previsto en el art. 7.4 de la LBRL y obteniendo informes preceptivos previos de las Administraciones competente por razón de la materia y de la que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de esas competencias. Nada que ver con el simple anuncio de ayudas económicas a PYMEs y autónomos y publicación de convocatoria y bases para su concesión, tal como estamos viendo en estos días en muchos ayuntamientos.  En ello va, fundamentalmente la responsabilidad de los técnicos y funcionarios municipales que deben tener, ya mismo, un respaldo claro y transparente del Gobierno de España a fin de que a quien corresponda en cada ayuntamiento se tenga claro el título competencial con el que se actúa, o lo que es lo mismo: si el ayuntamiento puede realmente o no dar esa ayuda directa a empresas de su localidad que la necesita para no generar desempleo.

La situación económica que nos acecha pinta muy mal, y el tejido productivo local, PYMEs y autónomos de nuestros municipios, necesitan una respuesta ágil y clara de sus Administraciones Públicas. De todas, pero sobre todo de la local. Pero del mismo modo las corporaciones locales necesitan igualmente poder responder de manera veraz y segura a esas peticiones de ayudas, no sin la seguridad de no incurrir en responsabilidades posteriores. Si en muchos ayuntamientos se han hecho los deberes correctamente, es de recibo que sus ciudadanos puedan verse beneficiados por ese buen hacer de sus gestores usando sus remanentes en estos momentos, cuando los gastos en que se va a incurrir, y ello debe estar así planificado y decidido previamente, son ocasionales y no estructurales, es decir, no se van a mantener en el tiempo. Al fin y al cabo, los bolsillos siempre fueron de los vecinos, como la responsabilidad de esa gestión de sus ayuntamientos, tanto de sus políticos como de sus técnicos. El Gobierno debe por ello aclarar competencias en la materia, límites de la actuación municipal en su caso, y dar cobertura y seguridad jurídica en momentos tan delicados.

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