EL DERECHO A LA CIUDAD EN ORIHUELA

EL DERECHO A LA CIUDAD EN ORIHUELA

David Harvey es un afable y anciano geógrafo que, entre otras cosas, ha estudiado el llamado Derecho a la Ciudad. Este, nos cuenta, es mucho más que la posibilidad de acceder a  recursos y servicios, "es el derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos". El tipo de ciudad que queremos, insiste, "no puede separarse del tipo de relaciones sociales que pretendemos, el tipo de personas que queremos ser, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos". Este derecho es mucho más que un fantasioso anhelo romántico. Conecta con numerosas experiencias políticas del pasado y, en última instancia, nos remite a una realidad humana fundamental: la necesidad de construir nuestro entorno para, así, construirnos a nosotros mismos. 

Obviamente, este derecho dista de ser una realidad. Media una larga distancia entre los municipios que queremos y los que realmente tenemos. Superar esta brecha implica conocer el pasado, comprender el presente y perder el miedo a soñar otro futuro. Las ciudades y ayuntamientos, tal como los conocemos, constituyen el terreno de juego que nos ofrece a un tiempo las limitaciones y oportunidades sobre las que lograr una transformación urbana que garantice formas de vida más democráticas, igualitarias, saludables, justas y sostenibles.  A ese respecto hay, al menos, dos obstáculos que salvar.

En primer lugar, nos encontramos ante el vaciamiento de contenido que han sufrido los gobiernos locales. Los ayuntamientos, cómplices de un modelo económico fallido, han ido perdiendo su componente más participativo y democrático. La política municipal se ha convertido, progresivamente, en algo cada vez más oscuro, opaco y burocrático. El resultado ha sido el alejamiento de la gente y una pérdida del componente político y transformador del gobierno local. Ciertamente, nada hay de malo en que los ayuntamientos asuman la complejidad de su función y cuiden su labor gestora. Pero ello no puede ser al precio de separar la institución de la ciudadanía. La frialdad del reglamento jurídico ha matado al calor del debate democrático. De este modo, los ayuntamientos han acabado siendo más “gestorías locales” que instituciones políticas donde confrontar y decidir proyectos de ciudad, ideas de cambio o alternativas políticas. El resultado de ello ha sido la creciente separación entre  gobierno y ciudadanía. El espacio público ha quedado vacío de emoción y contenido, lo cual ha provocado que, paradójicamente, la institución democrática que más cerca tenemos es a la que menos importancia damos y más lejos sentimos.

Este problema se ha visto agravado en numerosos lugares por algo todavía peor. Si antes decíamos que heredamos una peligrosa distancia entre el gobierno y la gente, en sitios como Orihuela esa separación ha sido ocupada, durante más de 20 años, por una auténtica mafia política que hoy amenaza con volver. En nuestro municipio, la corrupción y el clientelismo han constituido la esencia del gobierno local. Ello ha provocado no sólo un expolio de nuestros recursos públicos, sino que ha transformado el propio espíritu de la ciudad. Hay ocasiones en que lo peor de un atraco no es el dinero perdido, sino el trauma generado. Algo similar sucede en Orihuela. Algunos se sorprenden de que el PP aún goce de tanto apoyo pese a sus corruptelas, cuando es precisamente al contrario. Gracias a su dominación criminal han construido una hegemonía basada en la tolerancia, el miedo, la resignación o el clientelismo. Logrando así el apoyo de mucha gente que, hoy, tiene más miedo a liberarse del secuestro que de morir a manos del secuestrador. 

La corrupción, por un lado, y la falta de participación política en el ámbito local, por el otro, no son dos problemas separados, sino diferentes caras de una misma moneda. El caciquismo inmobiliario no habría sido posible sin una falta democracia débil y un modelo económico determinado, del mismo modo que las redes clientelares sólo pueden operar sobre ayuntamientos que funcionen con lógicas empresariales. Esta forma de urbanismo ha logrado “destruir la ciudad como bien político, común, social y vital”. De manera que, además de convertir nuestros gobiernos locales en cómplices de la injusticia social y ambiental, también se nos ha hurtado, por el camino, la conciencia sobre el derecho a controlar nuestro espacio más inmediato. 

Esa es la vocación con que nace Cambiemos Orihuela: recuperar la ilusión por participar y decidir el destino de nuestras ciudades. Para ello, no basta con evitar el temido retorno del PP, hay que recuperar nuestros ayuntamientos como espacio de transformación social y participación. De nada sirve frenar a la mafia si no se acelera la democracia. Por ello, reivindicamos un Derecho a la Ciudad desde el que construir otra Orihuela que supere los vicios heredados de un municipalismo limitado y corrompido. Hoy se abre la oportunidad para cambiar la lógica de nuestras ciudades: poner en el centro nuestro entorno natural; erigir al pequeño comercio y las dinámicas de economía social y solidaria como vanguardia del desarrollo urbano; crear una ciudad donde la opción de vivir de forma diferente descanse sobre derechos sociales dignos e iguales. Pero, sobre todo, debemos crear nuevas dinámicas democráticas con que lograr todo ello. Ciertamente, nuestros ayuntamientos no son el único lugar desde el que producir tal cambio, pero renunciar a ellos significa renunciar a un lugar fundamental donde no sólo se decide lo que tenemos, sino lo que somos.

Karlos Bernabé, candidato a cabeza de lista en las primarias de Cambiemos Orihuela.

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