¿Han abandonado a nuestros mayores en sus residencias?

¿Han abandonado a nuestros mayores en sus residencias?

 

Hace unos días apenas teníamos conocimiento de un nuevo brote de Covid19, una vez más, en una residencia de personas mayores, esta vez en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada. Más de sesenta residentes afectados y una fallecida, elevándose a cerca de una quincena los trabajadores del centro igualmente contagiados. Un episodio más de brote, o rebrote, de la enfermedad en un entorno de altísima vulnerabilidad contrastada: nuestros mayores, en quienes desde el inicio de la epidemia se ha cebado el virus con mayor crudeza, y que ostentan el lamentable primer puesto en un ranking aterrador, con dos de cada tres fallecidos del total de la cifra en toda España de muertos totales, cifra solo oficial, con lo que ello conlleva, de más de 30.000. En la Comunidad Valenciana el goteo de casos en residencias de mayores ha sido una triste e imparable constante, pese a las supuestas atenciones especialmente implementadas en estos entornos de riesgo desde las Administraciones Públicas, con un balance de más de 600 fallecidos en residencias de mayores. Y así sabemos de casos confirmados de contagio hasta en cincuenta y siete de estas instituciones repartidas por toda la Comunidad Valenciana, a mediados de este mes de septiembre.

Con estos datos que muestran una auténtica sangría en el grupo más desvalido y olvidado de nuestra población, el de  nuestros padres y abuelos, residentes y usuarios de centros de estancia que dependen de los departamentos de Servicios Sociales, que no de los de Sanidad, uno se pregunta qué fue de aquella reaparición del flamante Vicepresidente y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, el pasado 19 de marzo de este año y tras un periodo de cuarentena, en la que defendió iniciativas de su ministerio como de “escudo social” precisamente frente a un sector poblacional especialmente atacado sin piedad por la Covid. En ese momento, Iglesias anunció un fondo extraordinario en su departamento para reforzar los servicios en residencias de mayores dotado con 300 millones de euros, así como la coordinación desde su despacho ministerial, y junto al Ministro de Sanidad, de los centros de personas mayores en toda España.

La pregunta es: ¿esto ha sido así? Y la respuesta, al menos en la Comunidad Valenciana, es evidente: no.

Cuando Iglesias comparecía en Moncloa el pasado día de San José para anunciar su particular escudo social en residencias de mayores lo hizo, contrariamente a lo que se ha llegado a decir, sin asumir competencia alguna real y efectiva en materia de Servicios Sociales, dado que esta se ha mantenido siempre e ininterrumpidamente en poder de las Comunidades Autónomas, como está constitucionalmente previsto. Nunca en el estado de alarma se concentró la gestión de los Servicios Sociales en el Gobierno central, como sí se hizo con la Sanidad, seamos claros. Con esa misma fecha, de hecho, solo consta la Orden del Ministerio de Sanidad SND/265/2020, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que señala medidas higiénico-sanitarias a adoptarse en las residencias. Pero nada más. Sí es cierto que la referencia que Iglesias hacía a un fondo de 300 millones era ya una realidad, dado que se contenía en el art. 1 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, dos días antes, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Dicha norma establecía precisamente un suplemento de crédito presupuestario en el Ministerio de Derechos Sociales para que Iglesias pudiera transferir ese dinero a las CCAA y a los ayuntamientos. Pero transferir ese dinero, que no usarlo él mismo desde su Ministerio de Derechos Sociales. Pero ese fondo no era para las residencias de mayores, o no solo para las residencias, dado que la propia norma señalaba que su destino era la aplicación presupuestaria “26.16.231F.453.07 - Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales”. Es decir: las residencias de mayores eran solo uno de los posibles destinos de ese dinero, y ello en virtud de la decisión que tomara cada CA al recibir el importe correspondiente del fondo previsto. ¿Qué hizo entonces Pablo Iglesias desde el Ministerio de Derechos Sociales con respecto a las residencias de mayores? ¿Qué hicieron las CCAA, y en concreto la Comunidad Valenciana en este mismo sentido con el dinero recibido? Nada más el Ministro y nada el Gobierno valenciano. Veámoslo…

El Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Ayuda a la Dependencia (Ministerio de Derechos Sociales / Consejerías autonómicas de Servicios Sociales) se reunió en fecha 20 de marzo, al día siguiente de la comparecencia de Iglesias, acordando el sistema de reparto del fondo entre las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla. En ese reparto, a la Comunidad Valenciana le correspondió exactamente el 10% del total, esto es, 30 millones de euros, que fueron transferidos en 24 horas a la cuenta de la Generalitat. Y como consta en la respuesta por la propia Generalitat, publicada por un medio de fact checking, a la pregunta de adónde ha ido a parar ese dinero, el importe total se distribuyó en dos iniciativas: la primera, de 11.553,770,00 €, para una convocatoria de ayudas autonómicas a municipios para prestaciones económicas individualizadas (7.000.000,00 €), refuerzo de servicios de atención a domicilio (1.500.000,00 €), atención a personas sin hogar (741.520,00 €), y fondo de alimentación infantil (2.312,250,00 €). Ni un euro a residencias, obviamente, dado que los ayuntamientos no tienen competencias en la gestión de las residencias de mayores. El resto de los 30 millones de euros, es decir, casi 18,5 millones de euros, como ha informado la Generalitat, se ha destinado a financiar la Renta Valenciana de Inclusión, un recurso autonómico que resulta incompatible con el Ingreso Mínimo Vital estatal, y que la propia Vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha reconocido que no puede cobrar ningún valenciano que ya cobre la ayuda del Estado recientemente puesta en marcha. En cualquier caso: nada, absolutamente nada para las residencias de mayores, de nuevo.

El resumen, pues, es claro: ni uno de los 30 millones de euros anunciados por Pablo Iglesias ha terminado en residencias de mayores valencianas, pese a que en aquella comparecencia pública de marzo pasado el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales decía literalmente: “para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de trescientos millones de euros va a emplearse para este fin: es urgente medicalizar estos centros, reforzando las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos, y muy importante, insisto, con equipos de protección individual par los profesionales de estos centros que van a adquirirse con estos fondos”. Al parecer, nadie en Valencia estaba viendo la tele ese día 19 de marzo, festivo autonómico, pese a haberse cancelado las Fallas este año.

¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Probablemente lo más suave sea decir simplemente que el dinero, y la coordinación de esfuerzos que tan pomposamente se ha llamado  “cogobernanza”, prometidos por Pablo Iglesias hace seis meses, es una burda falsedad en la Comunidad Valenciana, al menos en lo que al escudo social de nuestros mayores se refiere. El Gobierno del Botànic no ha destinado ni un solo céntimo de los 30 millones transferido en marzo por el Gobierno central, a través de su Ministerio de Derechos Sociales, para luchar contra el virus en las residencias de personas mayores, pese a que son foco de contagio acreditado y donde personas de edad y trabajadores se exponen a la enfermedad y al contagio de la misma sin atención ni ayuda de la Administración, la autonómica, que es la que debe prestársela. No al menos con los recursos, o parte de ellos, transferidos por el Estado. Pese a la enorme preocupación que el Vicepresidente del Gobierno expresaba en su momento…

Uno no quiere ser malpensado, pero no puede evitar darle vueltas a una idea: que dejar abandonados y sin recursos a quienes se enfrentan a los últimos días de su vida frente a una amenaza que para ellos es, literalmente, de muerte, puede obedecer a algo más que a una simple negligencia en la gestión de lo público por quienes nos gobiernan: en un ministerio en Madrid desentendiéndose de la gestión del bienestar y seguridad de nuestros mayores por cuestiones de competencia, limitándose a transferir dinero; en una conselleria en Valencia dejando de destinar un mínimo importe a proteger a nuestros ancianos en sus residencias. Son, al fin y al cabo, votantes de muy corto recorrido vital ya ¿verdad? Parece que interesara centrarse solo en quien tiene tiempo por delante… Piénsenlo, porque, de ser así, sería algo más que trágico.

El ministerio en Madrid en manos de Podemos y la conselleria en Valencia en manos de Compromís. Y ambos de la mano con el PSOE. Habría que preguntarles por sus padres y abuelos. Y desearles, por supuesto, una vida todavía larga y feliz. Y, sobre todo, segura.

 

Juan Ignacio López-Bas Valero es abogado y ha sido concejal y diputado en el Congreso en la XIII Legislatura

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