LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS ALCALDES

LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS ALCALDES

Sinceramente, no creo que la última propuesta del Partido Popular sobre la elección directa como alcaldes de aquellos candidatos que no alcancen una mayoría absoluta vaya a pasar de ser un globo sonda que termine por desinflarse en cuanto toque el límite de la troposfera de la opinión pública, como sucedió cuando lo fue del PSOE en 1998 y en 2004. Y pienso de verdad que se trata de un globo sonda porque, de hecho, ni siquiera se ha explicado realmente la propuesta más allá de las interpretaciones de unos y otros sobre su contenido y alcance. Lo único que parece plantearse, porque otra cosa no tendría sentido, es otorgar artificialmente una representación mayor en número de concejales, la mitad más uno de los que compongan el pleno municipal, a la fuerza política que alcance un determinado porcentaje de votos y con una, parece ser, concreta diferencia con la segunda formación en liza. Con ello, como es fácil de comprender, se rompe con un principio básico de la democracia como es el de la representatividad de los cargos públicos electos, ya que si el número de éstos en un ayuntamiento no depende realmente del número de votos obtenidos, es evidente que se deslegitima democráticamente a quien obtenga así una mayor representación de la que la que realmente le dan los ciudadanos.

Se podrá decir que nuestro sistema actual en España es ya “injusto” en ese sentido, porque el cálculo de la adjudicación de concejales en un ayuntamiento requiere un porcentaje mínimo del 5% de los votos emitidos válidamente para poder entrar en el reparto, y aplica además la ley d’Hondt, que ofrece una ventaja a los partidos mayoritarios frente a los minoritarios por el sistema proporcional en la adjudicación de concejales entre los partidos que concurren a las elecciones locales. Pero esa “injusticia” en el caso de unos comicios locales no es tal, o no al menos como en unas elecciones generales, dado que el porcentaje mínimo exigido no supone realmente un  gran obstáculo para fuerzas políticas capaces de lograr un cierto espacio de confianza en el electorado local (no parece que lograr un concejal a partir de un 5% de los votos sea exageradamente “antidemocrático”), ni el reparto de la ley d´Hondt es tampoco el problema a nivel municipal, sino realmente en el caso de las elecciones generales, por la división en 52 circunscripciones electorales (50 provincias más Ceuta y Melilla) muy diferentes en tamaño y población, porque está demostrado que así se benefician tanto más los grandes partidos como aquellas formaciones que, como las nacionalistas, concentran sus votos en pocas y determinadas provincias. No cabe, por tanto hablar de problemas serios en el sistema electoral local en este aspecto, o no al menos como en el caso de elecciones generales o autonómicas.

La verdadera injusticia que encierra el proyecto de reforma esbozado desde el Partido Popular es que supone deslegitimar la representación que se obtendría por un alcalde que, no siendo el más votado de manera absoluta, y aun con las ventajas que el sistema mayoritario proporcional le da ya desde el inicio, sí lograra de una manera totalmente ficticia y automática un número de concejales que supusieran la mitad más uno de los elegibles, y ello, en primer lugar, porque esa mayoría representativa no tendría respaldo o causa alguna en el voto ciudadano, ni matizado por la ley d’Hondt ni, evidentemente, de manera directa, lo que haría ineficaz el principio básico democrático de “un hombre, un voto”.

Pero es que en segundo lugar, esa mayoría ficticia haría inútil un mecanismo previsto legalmente para formalizar cambios políticos de mayorías entre periodos electorales, aun con todas las limitaciones legales introducidas por los pactos antitransfuguismo, como la moción de censura, fórmula que persigue, precisamente, desactivar situaciones de bloqueo institucional por quien ha perdido la confianza de la mayoría que un día tuvo para ser elegido alcalde. Y es que así se impediría la conformación de pactos políticos en momentos posteriores a la elección de un alcalde originalmente en minoría que posiblemente no sean posibles en los primeros momentos tras una cita electoral y sí más tarde, a la vista del devenir de la gestión de ese gobierno minoritario y de las propias cesiones políticas pactadas entre fuerzas que, juntas, sí sean mayoría. Pero es más: nada obsta actualmente a que un partido que inicia la tarea de gobierno en minoría por falta de acuerdo entre los restantes, mayoritarios en conjunto, pueda alcanzar acuerdos, puntuales o permanentes, posteriormente con alguno de ellos. La pregunta, por tanto es: ¿por qué eliminar desde un primer momento precisamente en el ámbito local, quizá el menos ideologizado, lo que es precisamente medio y fin de la política entre posiciones diversas y, a veces, incluso adversas: el pacto y el consenso?

Si realmente ésta es la propuesta del Partido Popular, y no estamos ante un globo sonda, flaco favor se hace esta formación a sí misma si ha terminado por asumir y aceptar irremediablemente que no puede llegar a pactar o a consensuar gobiernos con otras fuerzas políticas cuando no alcance mayorías absolutas. Es más, esa postura sería entendible en el caso de que todo el centro-derecha ideológico estuviera aglutinado en el Partido Popular y sólo la izquierda fuera la aquejada de divisiones internas. Hoy el panorama político, y mucho a nivel local, presenta formaciones y partidos que comparten ideología con los populares, pero no las formas o determinados comportamientos en la gestión, y que pueden actuar precisamente como correctores de esas mayorías absolutas que en ocasiones tanto se han alejado de sus electores y de su segmento ideológico. No hay que ir muy lejos en nuestras latitudes para comprobarlo.

Pero sobre todo esa actitud denota una derrota asumida en el plano político más elemental: el de convencer a los tuyos primero, y a otros después, sobre una opción de gobierno que debe pasar, si es necesario, por la negociación, la cesión y el acuerdo, no por la imposición de mayorías que no lo son. Negar esos principios podría incluso terminar, algún día, por lamentar haber hecho esta propuesta, y ello es algo que posiblemente ni siquiera el Partido Popular puede permitirse ya, porque la solución a una crisis de credibilidad no es enrocarse, sino abrirse a la posibilidad de convencer a los votantes y a otros partidos con un proyecto político abierto al consenso.

 

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