Reforma constitucional, ¿fin o medio?

Reforma constitucional, ¿fin o medio?

Ya está sobre la mesa la frasecita de marras: abrir el melón de la reforma constitucional. Y ya la tenemos de nuevo como en los últimos años, rondando cada 6 de diciembre. Pero en este momento, con las Cortes ya en marcha, un gobierno en funcionamiento, y en ausencia de mayorías, la cuestión cobra más relieve que nunca porque obliga a basar todo el pretencioso tajo al herbáceo fruto en las cuestiones fundamentales que se han esgrimido siempre como principales, ahora más que nunca: el contenido y el consenso. O lo que es lo mismo, pactar qué se quiere reformar y averiguar con qué nivel de acuerdo de las fuerzas políticas se legitima tal reforma.

En todo caso, la primera decisión debiera ser decidir no tanto qué reformamos, sino para qué lo hacemos. La modificación de la Constitución será esgrimida en breve por unos como una herramienta para lograr una profundización en la democracia, una más eficaz defensa de los derechos ciudadanos o un sistema político e institucional más cercano y justo para todos. Para otros, sin embargo, cambiar la Constitución se planteará como un fin en sí mismo, y pondrán como meta su propia reforma con el único propósito de superar el post-franquismo, la democracia secuestrada, o el sistema político continuista al que no reconocen, pese a que es precisamente el que les legitima para ejercer su representación ciudadana en las instituciones desde y en las que, pese a ese supuesto amarre tardo-dictatorial, pueden libremente alzar la voz y exteriorizar su cabreo con el mundo. Más allá a veces de lo que la pura cortesía y simple educación imponen.

Quienes más reclaman hoy una reforma constitucional profunda, hasta el momento de pedir un verdadero proceso constituyente, son los herederos ideológicos de aquellos luchadores antifranquistas que desde el PSOE o el PCE, con 118 y 20 diputados respectivamente, de un total de 350 en el Congreso constituyente de 1977/1979, votaron sí a una Constitución que nació con vocación integradora y de conciliación nacional, con el ánimo de respetar y reflejar la realidad social y política y territorialmente plural de toda España. Una Constitución que no obtuvo, sin embargo, el apoyo unánime de la entonces AP o, incluso, de la UCD, que aportaron votos negativos y/o abstenciones en la votación en Pleno del 31 de octubre de 1978 al texto sometido posteriormente a referéndum el 6 de diciembre siguiente.

Si hay algo que reprochar por quienes hoy, tan antifranquistas como sus padres y abuelos, pero con el dictador criando malvas hace más de cuarenta años, exigen un proceso constituyente, es que sus antepasados, no tan lejanos por otra parte, fueron los mayores defensores de lo que ellos hoy quieren enterrar. Y esto es lo curioso: han resucitado a Franco para poder matar la Constitución. Hasta ese punto es cruel el revisionismo de quienes apuntan por elevación contra un texto que ya expresa el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, al trabajo ..., derechos que requieren de desarrollo y eficacia no a través de la propia Constitución, sino a través de leyes que, respetando esos derechos consagrados, permitan su ejercicio y su respeto a partir de los matices políticos de quien gobierne por la voluntad popular. Quien así actúa esconde voluntariamente, o disimula inconscientemente, su incapacidad para ostentar mayorías legislativas que le permitan convertir en normas sus principios o criterios, y de ahí la artificiosa construcción de un campo de debate y conflicto contra el texto constitucional como si fuera el mayor de los males.

Lo más honesto sería decir que se quiere cambiar la Constitución para instaurar la república como forma del Estado modificando su Jefatura, o para fraccionar la soberanía nacional, o para crear una nueva organización territorial en España. Pero entonces habrá que aclarar cómo conseguimos casar con nuestra cultura política un enfrentamiento periódico en las urnas para elegir al representante máximo del Estado cuando hemos sido capaces de poner en duda la legitimidad democrática misma de quien gana unas elecciones, aunque sea sin mayoría absoluta, en circunscripciones provinciales donde no se vota sino a quienes deben luego designar al Presidente del Gobierno en sede parlamentaria; o cómo explicaremos a la gran mayoría de españoles que una minoría de nosotros podría tomar decisiones que nos vinculen o nos afecten a todos, pero en las que no participaremos si no pertenecemos al subgrupo decisorio; o cómo en un mundo cada vez más pequeño e interconectado, donde se requiere de unión y proyecto en común, crearemos muchos más centros de poder político, cada vez más pequeños, más localistas, más centrípetos y absorbentes que, simplemente, entorpecerán y ralentizarán la toma de la más nimia de las decisiones. Eso sí, con más gasto público en sueldos de gestores locales. 

Cuando esas reformas no nos conduzcan a vivir mejor, a tener una mayor calidad de vida para nosotros y para las generaciones que han de sucedernos, volveremos a pedir una vez más abrir el melón de la reforma constitucional. Quizá incluso un nuevo proceso constituyente. Un proceso por fin, tal vez, hacia la igualdad entre el ciudadano y su representante político ante el mismo juez; hacia la separación de poderes efectiva para que los del Estado se equilibren en sus competencias y funciones, pero independientes y bajo controles mutuos reales y ciertos; hacia la racionalidad en la democratización interna de los partidos políticos; hacia la regeneración real de la política representativa con criterios éticos objetivos y consecuencias regladas y preestablecidas en caso de su inobservancia; hacia una verdadera transparencia en la actividad pública; hacia un sistema electoral más justo y reflejo de la voluntad individual en el conjunto de los electores, sin influencia del territorio donde se viva; hacia la garantía de que se podrá financiar y sostener económicamente cualquier regulación que suponga un ejercicio o defensa de los derechos de todos y para evitar leyes inoperantes ...

Podríamos ahorrarnos el trámite futuro y avanzar en la verdaderamente necesaria reforma constitucional que requiere España. Ponerse de acuerdo en el qué facilitaría enormemente el cómo. La pena es que haya quien prefiera seguir abriendo melones sobre las formas y los gestos antes que sobre los contenidos. Por voluntad o, lo que sería peor, por ignorancia. Aunque vaya usted a saber lo que guardan algunas cabezas que se dicen pensantes.

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