Se nos ha caído la Iglesia

Se nos ha caído la Iglesia

 

Dicen que en mi pueblo, Orihuela, nunca pasa nada. Pero eso es lo que uno cree cuando contempla una ciudad tranquila que a menudo parece dormida. Dormida no sé, pero tranquila ya les digo yo que no… Como toda ciudad de pequeño-medio tamaño, o como cualquier pueblo grande, según la perspectiva, no salimos de una cuita para meternos en la siguiente. Porque si hay algo en Orihuela que nos gusta es saber. Pero saber de saber, no de conocer. Y a partir de ahí, sentar cátedra. Lo que ya cada uno use, si usa algo, para documentar los alegatos es otro cantar.

La de esta semana se anuncia interesante, y como todo en mi pueblo y el suyo, ya ha tenido su correspondiente trascendencia al ámbito político: ayer se nos cayó la iglesia. Sí, eso mismo. A ver, no es algo literalmente figurado, pero casi. No es que se cayera la Iglesia como comunión de creyentes católicos, sino que se derrumbó el techo de la iglesia de las patronas locales Santas Justa y Rufina, puerta de enfrente del ayuntamiento, hecho que dio a pie a alguno a afirmar que el meteorito venía bien encaminado, aunque había fallado solo por unos metros.

Pero habrán visto las fotografías en la prensa y habrán comprobado que no, que nada de meteorito, sino el simple agotamiento de una cubierta, la de la sacristía en concreto, que se ha venido abajo. Aunque lo curioso del tema ha sido la celeridad, nada extraña para un oriolano por otra parte, con la que, conocida la noticia, los diferentes partidos políticos se han apresurado a decir que la responsabilidad por lo que ha pasado, por el “abandono” de nuestro patrimonio en este caso es bien de los gobiernos central y autonómico, bien del gobierno local. Se pueden imaginar, según los colores políticos respectivos, de dónde han procedido los dardos de uno a otro lado. Ya les decía que en Orihuela lo que nos gusta es eso: saber. Incluso antes de darle un pensado al tema.

Porque darle un pensado al tema es, primero, tener bien claro qué es exactamente lo que ha pasado: que se ha derrumbado una cubierta de un edificio de uso público aunque de titularidad privada. Si avanzamos por esa línea habremos descubierto algo muy importante. Tanto como justamente la propiedad privada del edificio en sí. Porque ese edificio no es público, no es de todos. No al menos de todos los ciudadanos en su sentido más político, sino en todo caso, y ya les digo que en sentido figurado, como mucho, de todos los católicos. Pero para lo que nos interesa, el edificio es de la Iglesia y, por lo tanto, de propiedad privada. Tan privada como el edificio que hay al cruzar la calle (no, el Ayuntamiento no, la otra esquina). Otra cosa es que ese edificio, la iglesia de las Santas Justa y Rufina, esté catalogado como monumento nacional (desde abril de 1971) así como Bien de Interés Cultural -BIC- (desde julio de 1985). Eso, lo que supone es que ese inmueble, aun de titularidad privada, se integra dentro del patrimonio histórico español, y concretamente del patrimonio cultural valenciano al ser esta una competencia autonómica, con las consiguientes restricciones para el propietario en cuanto al uso y aprovechamiento del edificio. ¿Y qué dicen las normas estatal y autonómica sobre la “responsabilidad” en materia de conservación y mantenimiento de estos bienes? Sencillo: el art. 36.1 de la ley estatal (Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español) establece que “los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes”; la ley autonómica (Ley 4/1988, del Patrimonio Cultural Valenciano) señala que “los propietarios y poseedores por cualquier título de bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano están obligados a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural”. En resumen: la obligación de conservación y mantenimiento no es de las Administraciones Públicas, ni la central, ni la autonómica ni la local. Esa obligación es, principalmente, de la Iglesia, propietaria privada del inmueble en el caso de la iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Esta propiedad privada no exime, en cualquier caso, a las Administraciones, a todas ellas, de velar por la conservación y mantenimiento de ese patrimonio, obviamente, pero esa obligación no nace del derecho mismo de propiedad, sino del interés social que tiene, como es el caso, un edificio del siglo XIV con reformas posteriores del XVI y del XVIII. Pero las Administraciones no son propietarias de ese edificio, y su labor es, en primer lugar, de vigilancia e inspección de dichos bienes, y en segundo lugar, de fomento de esa obligación de conservación mediante las oportunas y previstas ayudas o cualquier otro régimen de cooperación público-privado que se establezca, siempre en aras del interés general obvio que supone mantener en condiciones adecuadas un edificio histórico.

No pretendan ver en mi análisis anterior ninguna animadversión ideológica hacia la Iglesia. No es así y quien me conoce lo sabe, así como mi reconocimiento de que una ciudad como Orihuela, trufada de edificios y construcciones históricos, se halla estrechamente vinculada a la institución eclesial católica desde siempre y, espero, por muchísimo tiempo más. Pero no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque con reproches entre diferentes Administraciones Públicas, según quien gobierne en cada cual, que parecen más riñas de patio de colegio que debates mínimamente serios sobre cómo conservar un patrimonio como el que tenemos. Todas por igual están llamadas a cooperar con esa labor/obligación de conservación que corresponde directa y personalmente, y en primer lugar, a los propietarios privados. Y deben hacerlo con la responsabilidad de proteger y fomentar bienes históricos patrimoniales de interés social. Y aquí la cuestión es fácil: la Iglesia debe conservar y mantener su propiedad, como las Administraciones deben colaborar, que para expropiar siempre hay tiempo y oportunidad si se tercia, es preciso y se justifica debidamente.

Miren, es la maravilla de un sistema político mixto donde hemos sabido conjugar la propiedad privada con el interés social de la misma. Así, la Iglesia puede seguir siendo propietaria de sus inmuebles como cualquier particular o institución privados, pero cuando esos bienes se someten al régimen de protección de los mismos por su carácter histórico patrimonial, el derecho de propiedad se limita en razón del interés social. Ni se expropian bienes de la Iglesia, salvo motivos fundados de interés general, como le puede pasar a cualquier hijo de vecino, ni la Iglesia tiene manga ancha para hacer, o dejar de hacer, lo que le venga en gana. A la Administración le corresponde, con el mismo celo en todos los casos, vigilar que se cumpla la ley, y esta garantiza la propiedad privada al mismo tiempo que asegura la obligada conservación de la misma en casos de interés general o, al menos, para que no suponga un riesgo para personas y cosas.

Por último, y porque así me ha llegado en alguna cadena de las interminables de wasap: no importa en absoluto que el problema lo tenga el edificio o el suelo sobre el que se asienta el mismo. La responsabilidad sigue siendo del propietario (art. 350 del Código Civil: “el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella”).

Vía libre al debate, que con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho.

 

Juan Ignacio López-Bas Valero es abogado y ha sido concejal y diputado en el Congreso.

 

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