Durante la votación, 178 representantes de la asamblea de 350 miembros votaron a favor de la moción y 172 en contra.
Antes de la votación, Patxi López, líder del actual partido gobernante, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), insistió en que la ley de amnistía uniría a España, pondría fin al conflicto y abriría un período de entendimiento.
«Esto no es reconciliación, sino sumisión», dijo Alberto Núñez Feijo, líder del conservador Partido Popular, la mayor fuerza de oposición, y agregó que la ley no pasaría el filtro del poder judicial.
La esencia de la ley es que elimina las «responsabilidades penales, administrativas y contables» de quienes contribuyeron a la promoción de las aspiraciones independentistas catalanas en el periodo comprendido entre noviembre de 2011 y finales de 2023.
La cámara baja del Parlamento votó por segunda vez el proyecto de ley. En la primera votación a finales de enero, la moción no recibió apoyo porque el partido independentista Junds per Catalunya protestó, entre otras cosas, porque no había amnistía en los casos calificados como actos de terrorismo relacionados con los esfuerzos independentistas, mientras que el PSOE en casos de «violaciones graves a los derechos humanos con intención clara y directa», no lo hizo posible.
Al final, ambas partes acordaron y modificaron la propuesta para no aplicar el Código Penal español, la Directiva de la UE de 2017 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos para juzgar actos considerados terrorismo.
Después de la cámara baja, la cámara alta debatirá el proyecto de ley y se espera que aproveche plenamente los dos meses de que dispone. Si los senadores no aprueban o modifican la moción, el documento se envía de regreso a la cámara baja, donde vuelven a votar. La ley adoptada entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El ex presidente catalán Carles Puigdemont, fundador del partido Juntos por Cataluña, espera regresar a España con impunidad este verano después de más de seis años de exilio en Bruselas.
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